El Ministerio de Sanidad sigue adelante con los trámites para aprobar el empaquetado genérico del tabaco pese a que esta medida fue sacada del Plan Integral del Tabaquismo (PIT) aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 30 de abril. Así lo confirman a THE OBJECTIVE desde el departamento de Mónica García, que señalan que están trabajando «en paralelo» con los ministerios competentes y que se están «analizando las alegaciones que se presentaron a la consulta pública del Real Decreto» 579/2017 para introducir el empaquetado genérico.
Y es que esta cuestión es competencia del Ministerio de Hacienda, quien habría pedido borrar el empaquetado genérico o neutro del plan contra el tabaco antes de su aprobación en Consejo de Ministros, que tuvo lugar el 30 de abril. Así lo señalan a este medio fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid, que afirman que «en este tema y en el de la fiscalidad de la medida está detrás el Ministerio de Hacienda, que como mínimo le habrá puesto algún reparo a Sanidad al invadir sus competencias y no consensuar con ellos las medidas, como ya pasó por ejemplo con las autobajas». El Ministerio tuvo abierta hasta el 23 de abril una consulta pública para la modificación del Real Decreto 579/2017 sobre este asunto.
Borradores del plan antitabaco
Hay que recordar que la norma del empaquetado genérico –que supone la desaparición de las marcas en las cajetillas y que ya ha sido puesta en marcha en otros países como Australia, Reino Unido o Francia– aparece en la parte legislativa de todos los borradores del Plan Integral del Tabaquismo 2024-2027, incluso el que fue llevado a la última interterritorial del 5 de abril, donde fue aprobado sin votación y con la reticencia de casi todas las autonomías.
Fue esta cuestión precisamente una de las materias discordantes con las comunidades populares. Desde la Comunidad de Madrid enviaron una propuesta por escrito al Ministerio de Sanidad solicitando «una revisión sistemática de la evidencia del impacto que tiene en la salud el empaquetado genérico». «Especificamos por escrito que no había evidencia respecto al impacto en salud del etiquetado genérico y les propusimos que lo incluyesen como linea de investigación», relatan desde la Consejería de Salud madrileña a este medio, que insisten en que esta evaluación es «necesaria para incorporar medidas legislativas proporcionales para la protección de la salud de las personas». Hay que tener en cuenta que el plan es una hoja de ruta para luego legislar las medidas contempladas en él.
«Una de las medidas más destacadas»
De esta forma, como hemos señalado, el PIT llevado a la interterritorial, en su ‘Estrategia Legislativa’, contempla la modificación del Real Decreto 579/2017 para introducir el empaquetado genérico y la prohibición de aditivos que confieren aromas en tabaco y en productos relacionados. En él, junto con la bibliografía que justifica esta medida, señala que es «una de las medidas más destacadas y donde existe más experiencia internacional».
Por ello es que tres días después de aprobarse el plan en la interterritorial –pero antes de su aprobación en el Consejo de Ministros– el Ministerio comenzó el trámite para implantar el empaquetado genérico del tabaco con la consulta pública para la modificación del Real Decreto mencionado. Se trata de la primera «revisión integral» del Real Decreto 579/2017, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados.
Sin embargo, el 30 de abril, el Plan Integral del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 fue aprobado en Consejo de Ministros borrando de él la subida de impuestos, como ya contó THE OBJECTIVE, y el empaquetado genérico del tabaco, como ha podido comprobar ese medio. Pese a todo, desde el Ministerio de Sanidad aseguran a este periódico que la modificación del Real Decreto sigue adelante. Ahora el departamento de Mónica García debe hacer un anteproyecto de Real Decreto con texto articulado, que lo tendrá que exponer para alegaciones y pedir criterio a los demás ministerios implicados, entre ellos Hacienda. Y después, elaborar un texto definitivo y mandarlo al Consejo de Ministros, donde ya se «capó» el PIT.